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La expansión fiscal, el gasto público y el bloqueo legislativo

Después de que el martes los estadounidenses acudieran a las urnas para elegir a los 435 legisladores de la Cámara de Representantes, 35 senadores y 36 gobernadores estatales, la legislatura 116 del Capitolio de Estados Unidos tomará control de una economía que según la Reserva Federal crecerá un 3,1% en el conjunto del año y donde la tasa de paro toca mínimos no vistos en casi medio siglo.

Sin embargo, cuando la nueva bancada entre en vigor el próximo 3 de enero, el efecto de la reforma tributaria aprobada el pasado 22 de diciembre de 2017 y cuyo coste ascendió hasta los 1,5 billones de dólares, continuará desvaneciéndose, en un momento en que las compañías patrias ya han aprovechado parte de las ventajas derivadas de la rebaja del impuesto de sociedades indefinidamente hasta el 21% así como de los incentivos para repatriar beneficios.

Buena parte de estas empresas han usado el efectivo para impulsar sus inversiones pero también para la recompra de acciones y otras retribuciones a sus accionistas. De hecho, en lo que llevamos de año, las autorizaciones para llevar a cabo este tipo de operaciones ascienden ya hasta los 754.000 millones de dólares y los expertos consideran que estas ascenderán este año hasta el billón de dólares, un 46% más cuando se compara con el año pasado.

Paralelamente, la fortaleza del mercado laboral, que ha generado una media de 218.000 empleos mensuales en los últimos tres meses, junto con la inflación salarial, que en octubre alcanzó el 3,1%, niveles no vistos en casi una década, comenzarán el próximo año a dejarse notar en los márgenes de beneficio de muchas entidades, justo cuando el repunte de los precios, la política monetaria de la Reserva Federal y el coste de la gasolina afectará a los consumidores. No debemos pasar por alto aquí las consecuencias del revés arancelario de la Casa Blanca, que tasa más de la mitad de las importaciones chinas, así como el acero y el aluminio procedente de sus socios comerciales.

Es por ello por lo que una de las primeras incertidumbres vira hacia la Ley de Recortes de Impuestos y Empleo (TCJA, por sus siglas en inglés). “Si bien los demócratas en el Congreso tal vez deseen revocar parte o la totalidad de esta reforma fiscal, parece poco probable que el presidente firme un proyecto de ley para revocar uno de los logros históricos de su presidencia”, explica Jay H. Bryson, economista de Wells Fargo Securities, quien recuerda que para sortear un veto en el Despacho Oval se necesita una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras.

Al mismo tiempo, cualquier esfuerzo por ampliar los incentivos fiscales a los contribuyentes, bien a través de nuevos recortes de impuestos o haciendo permanentes las rebajas al impuesto sobre la renta del año pasado, que de otra forma expirarán en 2025, también se promete complicado, incluso aunque los republicanos hubieran conservado su hegemonía en el Capitolio.

Con un déficit que alcanzó en el año fiscal 2018 los 779.000 millones de dólares y está previsto que supere el billón de dólares en el ejercicio en curso, el Capitolio debe completar antes de renovar su legislatura el 3 de enero, con la rúbrica del presidente de EEUU, Donald Trump, la legislación final de asignaciones de gasto para evitar un posible cese de las operaciones del gobierno, probablemente en diciembre.

“Trump puede usar esta situación para garantizar financiación para su muro fronterizo o forzar leyes migratorias más estrictas”, avisa Dana Peterson, economista de Citi. Peterson añade que, una vez que la nueva legislatura esté en marcha, el límite federal de endeudamiento se convertirá en otro problema para los legisladores a partir de marzo.

La fecha límite dependerá de los déficits mensuales del presupuesto federal y del saldo de efectivo del Tesoro, así como las necesidades de financiación. El Congreso debe decidir si aumentar, suspender hasta una fecha posterior o eliminar el límite de la deuda pública. Si no existe acción alguna, EEUU podría incurrir en un impago de sus responsabilidades de deuda.

El próximo 1 de octubre de 2019, cuando arranque el año fiscal 2020, los legisladores deben evitar un recorte automático en los gastos federales, que incluyen tanto los de defensa como los discrecionales. El conocido como “secuestro” ha permanecido en cuarentena durante los últimos dos años fiscales, especialmente después de que el Capitolio aumentase en febrero de 2018 el gasto adicional en defensa y otras partidas en 300.000 millones de dólares. Los legisladores y la Casa Blanca deberán decidir si permitir este abrupto recorte del gasto público, mitigarlo de alguna forma o anularlo.

La política arancelaria de la administración Trump y sus acuerdos comerciales también resonarán en el Congreso. La primera prueba llega de manos del Acuerdo EEUU, México y Canadá (USMCA), que reemplazará al actual Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, Si bien es probable que el mandatario republicano firme el plan antes de fin de año, es poco probable que se produzca una votación en la Cámara de Representantes y el Senado antes de 2019, como ya adelantó el actual líder de la mayoría en el Senado estadounidense, Mitch McConnell.

Un Capitolio dividido puede complicar más este proceso o cualquier otro acuerdo en el horizonte. Recordemos que la Oficina de Representante Comercial de EEUU (USTR, por sus siglas en inglés) ha activado ya el proceso oficial para proceder a negociaciones comerciales con la Unión Europea, Japón y Reino Unido. Aún así, es difícil que puedan descarrilarse.

“Un aspecto del proceso de acuerdo comercial que debería ayudar independientemente de la composición del Capitolio es que, a diferencia de muchas otras formas de legislación, el proceso mediante el cual se votan los acuerdos comerciales en el Congreso hace que sea mucho más difícil para un grupo determinado de legisladores utilizar medidas procesales y demorar indefinidamente un voto en la Cámara Alta”, incide Bryson.
 

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